Protocolo de acoso

1.  Comunicación de los casos de acoso detectados (ver)

2. Modo de actuación en el cetro educativo ante una denuncia de acoso escolar: (ver)

• Cuando la denuncia se ha realizado en el propio centro educativo (ver)
  
• Cuando la denuncia se ha realizado en el servicio de inspección educativa (ver)
  
• Cuando la denuncia procede de la Fiscalía de Menores (ver)
  

En dicho protocolo se establecen las bases de las acciones y procedimientos a seguir cuando se produzcan casos de  acoso escolar.

Hay que tener en cuenta que en algunas CCAA tienen legislación específica en materia de  protocolos de actuación. (ver legislación sobre la materia).

En líneas generales el protocolo de actuación debe seguir los siguientes pasos

1.  Comunicación de los casos de acoso detectados

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección del centro, ya sea de forma verbal o por escrito solicitando una entrevista.

Si decide hacerlo por escrito utilizará el modelo de recogida de información que se puede consultar en el anexo I.

2. Modo de actuación en el cetro educativo ante una
denuncia de acoso escolar

Cuando la denuncia se ha realizado en el propio centro educativo. En este caso hemos resumido las actuaciones en cuatro fases:

Fase 1: Primeras medidas

El director del centro,  o la persona en quién delegue,  ayudándose de la “Hoja de recogida de información” (ver anexo I), deberá:

• Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para conocer el alcance del problema.

• Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador/a, así como al resto de implicados en entrevista individual.

• Convocar al Equipo Docente, al Departamento de Orientación y/o a la Comisión de Convivencia para exponer el caso y consultar o pedir orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en cada caso.

• Solicitar el apoyo técnico del Orientador/a del centro para la intervención ante determinados casos, valorando la posible colaboración del Equipo Específico de Alteraciones del Comportamiento en el supuesto de que las actuaciones previstas no diesen el resultado deseado y se estimase conveniente una intervención más específica y especializada.

• Informar al Servicio de Inspección según modelo que aportará el citado servicio.

• Informar a todas las partes de la obligación de comunicar a la autoridad las situaciones de riesgo que puedan afectar a un menor sin perjuicio del prestarle el auxilio inmediato que precise (Artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor). A estos efectos, una situación de acoso continuado grave y contrastado puede considerarse situación de riesgo y deberá ser comunicada a la Fiscalía de Menores.

• Avisar a las familias cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, informando  a las familias implicadas la comunicación que, si fuera necesario, se realice a la Fiscalía de Menores.

• Respecto a la familia de la víctima,  se informará de los pasos a seguir en la gestión del conflicto. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se advertirá a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de delito.

• Respecto a la familia del agresor/a o agresores/as se informará de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la solución del mismo.

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre las actuaciones legales que competen al centro educativo.

Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información procedente de varias fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado y familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad.

Fase 2: Análisis de la información y medidas a adoptar

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. También el proceso debe realizarse con la debida discreción pues lo contrario podría generar más violencia y crispación.

La Junta de Profesores, el Departamento de Orientación y/o la Comisión de Convivencia, convocadas por el Director o la persona en quien delegue y ayudados de la hoja de recogida de información para facilitar un análisis ordenado de cada caso, decidirán las posibles medidas a aplicar, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno (RRI) del centro. No obstante sugerimos las siguientes medidas:

• De protección a la víctima. Podemos señalar, entre otras:

• Vigilancia específica de acosador o acosadores y acosados.
• Tutoría individualizada de los implicados.
• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas.
• Cambio de grupo.
• Pautas de autoprotección a la víctima.

• Medidas correctoras con el agresor o agresores: Éstas se decidirán en función de la gravedad de los hechos y pueden ser:

• Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.
• Participación en un proceso de mediación.
• Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionado con el daño causado.
• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas.
• Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro.
• Implicación de tareas socioeducativas.
• Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales con autorización familiar fuera del horario lectivo.
• Amonestación privada del tutor o tutora.
• Amonestación privada por Jefatura de Estudios.
• Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica.
• Cambio de grupo del agresor o agresores.
• Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares.
• Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días.
• Apertura de expediente disciplinario con fecha, instructor/a y datos del alumnado implicado para la instrucción del mismo.

Fase 3: Registro escrito de acuerdos sobre las medidas decididas. Plan de actuación

Es importante recoger, por escrito, los acuerdos y medidas de actuación adoptadas. Este registro documental ha de recoger los siguientes apartados:

• Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas):

• Víctima.
• Acosador o acosadores.
• Espectadores/as.
• El grupo de clase.
• Todo el Alumnado

• Actuaciones con las familias.
• Actuaciones con Equipos docentes.
• Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente).
• Recursos utilizados.
• Temporalización.
• Seguimiento y Evaluación.

Esta secuencia de actuación tiene un carácter orientativo y siempre estará condicionada por el Plan de convivencia que cada centro elabore.

Fase 4: Intervención específica del Departamento de Orientación.

En esta última fase de intervención y de cara a evitar la recurrencia del caso y favorecer la erradicación de la conducta agresiva, significamos un método de mediación (Método Pikas) que por su sencillez y contrastada validez puede ser una buena herramienta de trabajo. Mencionar que existen otras opciones como el Método de la no inculpación (Maines y Robins, 1991), el Círculo de amigos (Perske, 1988) o la creación de tribunales escolares de arbitraje.

Cuando la denuncia se ha realizado en el servicio de inspección educativa.

En este caso el Servicio de Inspección Educativa deberá comunicar al centro la denuncia presentada así como las pautas a seguir. El centro podrá ayudarse del protocolo de actuación incluido en estas orientaciones una vez conocida la denuncia.

Cuando la denuncia procede de la Fiscalía de Menores.

Cuando los menores autores de los abusos son mayores de 14 años.

En estos casos entran en el ámbito de aplicación de la Ley Penal Juvenil (Ley Orgánica 5/2000), el Fiscal deberá comunicar a la dirección del centro la denuncia interpuesta a los efectos procedentes y, en especial, para evitar que la situación se mantenga durante la tramitación del expediente judicial. El Fiscal comunicará a la dirección del centro el expediente abierto y el nombre de la víctima y de los posibles agresores.

Cuando los menores autores de los abusos son menores de 14 años.

La fiscalía remitirá al centro educativo donde se están produciendo los abusos, un informe de lo actuado. Dentro de sus atribuciones la dirección del centro, adoptará las medidas procedentes para poner fin a los mismos y proteger al menor que los está sufriendo.

El Equipo Directivo, en el caso de recibir una denuncia de acoso escolar desde Fiscalía, tiene la obligación de acusar recibo a esa Fiscalía de la denuncia recibida. Esta medida va dirigida a articular la circulación de la información entre las instancias con competencia en la materia: Ministerio Fiscal y responsables del centro docente.

Una vez conocida la denuncia, el centro podrá ayudarse del protocolo de actuación incluido en este documento.

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